No está demás refrescar
en estos días cómo fue el enjuiciamiento político a los miembros de la
Corte Suprema de Justicia en los comienzos del primer gobierno de Juan
Domingo Perón. Aquel proceso, que culminaría con la destitución de todos
los magistrados menos uno -el único peronista-, se gestó en nueve meses y
dio a luz otro tribunal, esta vez con miembros declaradamente adictos al
flamante gobierno. Observemos las razones políticas de tal decisión y cómo
se desarrolló.
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Al llegar en junio de 1946 a la presidencia, Perón tuvo en sus manos los
resortes necesarios para gobernar sin dificultades.
.
Mayoría absoluta en ambas Cámaras y gobiernos provinciales adictos eran más
que suficientes para llevar adelante un programa de importantes
realizaciones por la vía democrática.
Sin embargo, le
molestaba que uno de los tres poderes permaneciera fuera de su alcance: la
Corte Suprema. No fue difícil advertir que muy pronto caería también en sus
manos al escucharse su mensaje ante la Asamblea Legislativa que le tomó
juramento.
Uno de sus párrafos fue
bien explícito: "Pongo el espíritu de la Justicia por encima del Poder
Judicial. La Justicia, además de independiente, debe ser eficaz. Pero no
puede ser eficaz si sus conceptos no marchan a compás del sentimiento
público".
.
La advertencia fue muy clara, pues si ese "sentimiento público"
era el peronismo, la Corte también debía expresarlo. Idéntica doctrina
aplicaría varias décadas después su mejor discípulo, sólo que en lugar de
promover la destitución de los magistrados prefirió incorporar a cinco
amigos suyos e instalar así una mayoría automática.
El único camino que la
Constitución le permitía a Perón poder desembarazarse de la Corte era el
juicio político a cada uno de sus ministros. Le transmitió esa inquietud al
presidente de la Cámara, Ricardo César Guardo, y allí brotó el nombre de un
elegido para presentar el proyecto. Sería el diputado Rodolfo A. Decker,
titular del bloque oficialista.
Decker absorbió fielmente aquella responsabilidad y el 8 de julio -al mes
de inaugurado el nuevo gobierno- presentó con su única firma el pedido de
juicio político contra Antonio Sagarna, Benito Nazar Anchorena, Francisco
Ramos Mejía y Roberto Repetto.
Este último había renunciado el 22 de mayo, poco antes de que Perón
asumiera la Presidencia, pero ni la jubilación que acababa de acordársele
lo inmunizó contra ese proceso, que también alcanzó al procurador general
de LA NACION, Juan Alvarez.
El único en salir ileso sería Tomás D. Casares, de manifiesta adhesión al
peronismo, como que había sido incorporado a la Corte durante el régimen
presidido por el general Edelmiro J. Farrell.
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