Miércoles 05 de agosto de 2015 |
Publicado en edición impresa
El desarrollo depende de decisiones
en materia productiva, bancaria, financiera y comercial. Pero los sujetos
económicos -personas, empresas y gobiernos- también tienen muy en cuenta la
legislación de cada país.
Los códigos deben ser realistas,
como los hizo Vélez Sársfield, economista y abogado de experiencia profesional
y política que sabía que el desarrollo necesita reglas claras, estables y que
aseguren los derechos de las personas, trabajadores y empresas.
Con un sistema legal cambiante,
burocrático, ineficiente y estructuralmente corruptor, la inversión escapa a
lugares seguros y sin incertidumbres ni arbitrariedades a países donde un
funcionario todopoderoso o corrupto no pueda hacer tambalear el emprendimiento
o beneficie al competidor. Las inversiones serias, que crean trabajo, necesitan
seguridad jurídica, sistemas políticos decentes y leyes maduras, coherentes y
que no fomenten el caos ni la impunidad.
Así eran los códigos de Vélez que
promulgaron Mitre y Sarmiento y permitieron el desarrollo de un gran país. Pero
inauguramos este siglo con una crisis antológica, desaprovechamos la mejor
década de nuestra historia exportadora y estamos con inflación galopante,
inseguridad física, pobreza y narcotráfico crecientes, producción en caída,
déficit energético inconcebible y una estructura legal que favorece la
corrupción. Ni los argentinos creen en el país: más de 200.000 millones de
dólares de empresas y personas argentinas huyeron de los riesgos locales.
En pocos meses, la lapicera
presidencial cambiará de mano. Con algo de sensatez, ese mero cambio será una
buena noticia para la estabilidad y la cordura. Necesitaremos reinsertarnos en
el mundo, recreando un sistema político y económico comparable a los países que
prosperan, que sea moderno y realista, sin utopías populistas y con real
solidaridad social.
Además, debemos restaurar un sistema
legal sólido, estable, conocido y seguro, que ha sido destruido por el
kirchnerismo con leyes que generan caos, limitan la libertad individual,
impiden la seguridad mínima que necesitan las inversiones y nos condenan a ser
una tierra de oportunistas.
Nos convirtieron en un país de
empresarios del poder, donde el dinero no se gana produciendo, sino siendo
contratista y socio del gobierno.
Para peor, la presidenta Kirchner
dinamitó el eje de nuestro sistema legal, los códigos Civil y Comercial, que
estaban estabilizados y perfeccionados tras 150 años de jurisprudencia y
doctrina. Ningún gobierno, ni siquiera el de Néstor Kirchner, los había
destruido para crear un régimen supuestamente nuevo.
El fracaso de los pocos intentos
anteriores fue, en realidad, éxito de la madurez jurídica: las leyes buenas no
son las que revolucionan, sino las que evolucionan.
Además, reemplazar códigos es una
técnica legislativa en desuso. Ningún país, salvo la Italia fascista en 1942,
cambió su codificación de golpe, porque las aventuras legislativas son
incompatibles con el progreso. Pero en materia civil ya nos rige el código
Kirchner, que pocas personas conocen y apenas están en condiciones de aplicar.
Este código nos regula en todos los
aspectos de nuestras vidas y, de un día para el otro, es el que rige en toda la
Argentina. A los inversores habrá que convencerlos de que vengan a un país
donde las leyes fundamentales son tan nuevas que no las dominan ni los abogados
ni los jueces. El lector puede constatarlo consultando a su abogado; con eso
bastaría para constatar el grado de certidumbre jurídica que hoy existe en el
país.
Conocer y estabilizar este Código
con jurisprudencia y doctrina llevará al menos 50 años. Quienes lo están
enseñando en las aulas sólo saben un poco más que el resto, porque en verdad
nunca ha regido. Sus promotores lo califican de "abierto al activismo
judicial" o de "un cambio de paradigma con soluciones concretas para
la gente", que además "define la ciudadanía del siglo XXI". Es
fácil imaginar qué cambia: ciertas cuestiones esenciales que nos rigen desde
hace 150 años. ¿Era necesario? ¿Había una urgencia real en semejante reforma,
sólo votada por el oficialismo? Con el nuevo código, ¿tenemos más soluciones o
más problemas?
Ojalá que el próximo gobierno,
además de revisar otras leyes, suspenda de inmediato este código y lo mande a
una revisión profunda, para aprovechar lo útil que pueda tener, pero
agregándolo al anterior, y no reemplazando todo lo bueno que tiene el código de
Vélez, al que se suman 150 años de sabiduría que lo potencian.
En las materias que necesitan
cambios deben dictarse leyes especiales. Minoridad, adopción, consumidor,
matrimonio y otros temas pueden reformarse sin dinamitar todo el derecho
privado.
El desarrollo y las buenas leyes son
el resultado de la evolución, no del caos. Como en los países libres del mundo,
nuestro sistema legal puede mejorar sin autodestruirse ni explotar, de manera
firme y pacífica.
Actuemos con equilibrio, con
firmeza, sin autoritarismo y con una renovación sin revanchismos. Que la
política nos dé buenas leyes y mejor administración, y que la Justicia haga
respetar la Constitución y termine con la impunidad actuando con rapidez. Así,
tendremos un país con menos incertidumbres y más libertad.
Abogado, ex consejero de la
Magistratura.
